A lo largo de la última década, México ha dado pasos fundamentales para el desarrollo, el fortalecimiento y la consolidación del régimen democrático, ya que el interés de un régimen democrático se orienta a mejorar la vida de los seres humanos que integran la sociedad. En los últimos años los mexicanos hemos sido testigos de diversas reformas al marco constitucional en materia político electoral con la finalidad de llevar a cabo una nueva configuración de la estructura de la democracia mexicana al contener cambios sustanciales en la organización de las autoridades administrativas y judiciales, nuevas reglas en materia de partidos políticos, elección consecutiva de legisladores y ayuntamientos, concurrencia electoral, lo que ha implicado crear una nueva ley general en materia electoral, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es por ello, que los resultados de las diversas reformas a nuestra Carta Magna, y en la legislación secundaria, en materia electoral, han tenido como fin optimizar los mecanismos de expresión política de la ciudadanía, contribuir al fomento y evolución de la democracia, así como ser garante de los derechos político electorales.